El Gobierno le pidió a Char que hundiera la especialidad agraria del Acuerdo de Paz

Pero al mismo tiempo, Palacios lleva desde el fin de semana defendiendo su labor y la del gobierno en dos proyectos que el mismo Ejecutivo radicó y luego hizo muy poco para que fueran aprobados: la ratificación del Acuerdo de Escazú y el proyecto de Especialidad Jurídica Agraria, la única relacionada con el Acuerdo de Paz.

Ambas iniciativas tuvieron una historia similar durante el último año: Duque las anunció como prioridades de su gobierno en el año legislativo; tuvieron una fuerte oposición del empresariado y del partido del Presidente, el Centro Democrático; y fueron archivadas en las últimas horas sin que el gobierno se moviera para evitarlo.

Con Escazú, como detallamos en esta, esta y más recientemente el jueves pasado, el Gobierno no alineó al Centro Democrático para apoyar este proyecto que reforzaría, entre otras cosas, la defensa de los líderes ambientales, ni tuvo los votos suficientes en la coalición para aprobarlo; mandó funcionarios de bajo rango para defenderlo y al final el uribismo, en la Comisión Segunda de la Cámara, no le dio siquiera trámite para su primer debate.

Con el proyecto de Especialidad Agraria hubo un manejo similar. Solo que peor por la distancia que hay entre el discurso del Presidente y lo que realmente hizo su gobierno.

El presidente Duque incluyó la iniciativa dentro de sus prioridades en el Congreso este año, le pidió a su ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que la aprobara y le reiteró a la comunidad internacional su respaldo horas antes de su hundimiento. Al final, la iniciativa fue archivada porque le faltó un debate en la plenaria del Senado. 

Pero el hecho, que confirmó La Silla, es que el gobierno no solo se quedó quieto sino que activamente se movió para que el presidente del Senado, Arturo Char, no lo agendara para discutir en plenaria.

La pregunta es si Duque se dejó arrinconar por su partido o si impulsó las dos iniciativas de dientes para afuera para honrar formalmente un compromiso que había adquirido con los que protestaron en 2019 o con la comunidad internacional, respectivamente, pero delegó al Centro Democrático la labor de enterrarlas porque no creía realmente en ellas.

Postmortem de la Justicia Agraria 

El proyecto que creaba una especialidad agraria en la justicia, con el fin de aclarar derechos de propiedad en el campo, era el único de esta legislatura que desarrollaba el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.

Aunque al expresidente Álvaro Uribe nunca le gustó este punto del capítulo sobre el agro y fue uno de los más renegociados tras el triunfo del No en el plebiscito, el presidente Duque y la comunidad internacional habían encontrado en esta iniciativa un punto de acuerdo. 

No solo el nivel de informalidad de la tierra en el campo es altísimo, sino que mientras en las ciudades hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes, en la ruralidad hay seis. Y los conflictos de tierra sin resolver son una fuente de violencia.

La redacción del proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Justicia que duró año y medio concertándolo. La entonces viceministra, Juanita López, y el consejero para estabilización, Emilio Archila, fueron hasta el año pasado los encargados de mover el proyecto en el Congreso. 

En la posesión del nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el 5 de octubre de 2020, Duque le asignó sacar ese proyecto adelante como uno de sus retos: 

Y el 28 de noviembre de 2020, en el lanzamiento de un piloto de justicia local y rural financiado por el fondo multidonantes de la Unión Europea, Duque volvió a referirse al proyecto, delante de varios diplomáticos: “qué importante además que hayamos presentado al Congreso, doctor Archila, el proyecto de ley de jurisdicción agraria, para que en la Colombia profunda tengamos jueces especializados en estas realidades y que de manera pronta y hábil administren justicia”.

Dos meses después, el Presidente incluyó la especialidad agraria en el paquete legislativo que presentaría en el proyecto. En el documento de Hatogrande aparece como una “victoria temprana” pero no como uno de los 24 proyectos bandera que esperaba tener aprobados al final del semestre. Eso es una primera alerta de que la ley quizás no sería priorizada como habían entendido los embajadores a partir del discurso del Presidente.

En todo caso, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes, con una ponencia inclusive de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.

Pero cuando llegó a la Comisión Primera del Senado se topó con la oposición del Centro Democrático. 

La senadora María Fernanda Cabal, ponente del proyecto en esa Comisión y en la Plenaria, y su esposo, José Félix Lafourie, director de Fedegán, comenzaron una campaña en contra. 

El 27 de abril, Lafourie envió a Duque una carta en la que le dice que esa ley sería una “amenaza a la ganadería” y destaca varios “sesgos” que encuentra en el proyecto, en la línea de las críticas ideológicas del uribismo al Acuerdo de Paz.

“Se puede concluir, señor presidente, que la concepción del proyecto de ley como un producto resultante del Acuerdo Final con las Farc y sujeto a los lineamientos de esa negociación, se convierte en la reedición de la amenaza, recurrente en la historia del país, al derecho a la propiedad legítima de la tierra, a partir de los sesgos que permean todo el articulado”, le escribe en la carta.

Cabal, por su lado, grabó un video en el que insta a los campesinos a llamar a sus senadores para que se opongan a la “peligrosa ley de escritorio” que crearía “una JEP agraria donde los jueces comenzarán a perseguir la propiedad rural”.  

Pese a la oposición del uribismo, el proyecto en todo caso fue aprobado en la Comisión Primera el 25 de mayo con 18 votos a favor y con solo los tres uribistas en contra. Y llegó a la plenaria del Senado el 8 de junio, cuando fue radicada la ponencia para su último debate.

En la Plenaria, como sucedió con el proyecto de Escazú, el presidente del Senado, Arturo Char, de la coalición del Gobierno, nada que lo agendaba.  

Mientras tanto, a mitad de semana el gobierno, a través del ministro Ruiz, concertó con los ponentes ocho modificaciones al proyecto, en líneas casi idénticas a los reparos de la pareja Lafourie-Cabal: eliminando un artículo que hablaba de la democratización de la tierra, otro sobre la parte más débil en un conflicto de tierras, uno más eliminando la participación de las organizaciones sociales.

Aunque dentro de las ocho proposiciones que impulsó el gobierno y los ponentes radicaron el tema presupuestal no aparece, ayer el ministro Daniel Palacios reiteró uno de los argumentos de la senadora Cabal para insistir en que el proyecto tenía “controversias”: que se creaban 400 puestos judiciales más y eso “tenía un impacto presupuestal” problemático en tiempos de crisis. 

No es claro de dónde saca la cifra de los 400 puestos pues eso no aparece en el proyecto, pero en todo caso el mismo Gobierno le había dado el visto bueno en materia fiscal, con una advertencia a la Rama Judicial para no exceder gastos y tenía una transición de un año para ajustar a la rama con la nueva ley.  

Incluso en el discurso de posesión del ministro Ruiz, Duque dice que “cuenta no solo con el aval fiscal sino que también permite acercar la justicia al ciudadano, de las regiones más profundas de Colombia”.

Los ponentes acogen la mayoría de las proposiciones del gobierno para evitar que el proyecto se hunda.

Y, justo en ese momento, el gobierno desaparece de la discusión. El consejero Archila dejó de ser el encargado del proyecto. Según le reiteró Archila a La Silla, los ministros de Justicia e Interior quedaron designados para su trámite final.

Según contó en la W y La Silla ratificó con la representante Juanita Goebertus que lo vio de primera mano, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, le dice a Char que por qué no agenda el proyecto, y el senador de Cambio Radical le contesta que si el gobierno lo prioriza, él lo agenda. Al fin y al cabo, es un proyecto del gobierno. Pero que no logra encontrar al ministro Ruiz o al viceministro encargado, Francisco Chaux.

Lozano, entonces, llamó directamente al ministro de Justicia, y se lo pasó a Char. Según le dijo a La Silla la representante Goebertus, hablan unos minutos y cuelgan. Char dice que quedó de devolverle la llamada en un rato. La llamada no llega.  

La comunidad internacional, mientras tanto, trata de interceder por su lado. En la reunión del jueves 17 de junio con Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el Acuerdo de Paz, diplomáticos vuelven a hablar con el Presidente del proyecto. Él les asegura que saldrá adelante. Lo mismo hace el ministro Ruiz cuando habla con el embajador de Estados Unidos, según nos dijo una fuente que lo supo de segunda mano.

Según nos dijeron en el Ministerio de Justicia, el presidente Duque reunió a sus ministros de Justicia e Interior y les reiteró que el proyecto debía ser tramitado. Ese encuentro, según establecimos, ocurrió a inicios de la semana pasada.

Sin embargo, Char nunca agendó el proyecto. 

La razón, según pudo confirmar La Silla con dos fuentes que tienen cómo saberlo, fue que el Gobierno le pidió expresamente a Char que no lo agendara. Y el agendamiento es un paso clave para que un proyecto pueda ser votado el día siguiente.

En el ministerio de Justicia, nos dijeron que el ministro Palacios era el encargado de mover ese proyecto con la Presidencia del Senado para su aprobación, pero que la decisión final de incluirlo en el orden del día recaía en Arturo Char.

Hoy ante medios, el Ministro de la política insistió en que sí se movió para sacar el proyecto pero que era parte de la “separación de poderes” si Char decidía no agendarlo. “Decir que no hubo importancia del gobierno en su aprobación es falso”.

Sin embargo, dado que Duque reforzó su coalición del gobierno con los cambios de gabinete después del paro, es prácticamente imposible que no se agende un proyecto que sea importante para el gobierno. Solo Cambio Radical, el partido de Char, tiene tres ministerios en el gabinete que difícilmente pueda arriesgar un año antes de elecciones.

El proyecto por trámite quedó archivado. En las extras de esta semana no podía ser incluido porque por ley no pueden tramitarse normas estatuarias. Palacios dijo que desde hoy el Gobierno va a preparar un nuevo proyecto para radicarlo (también el gobierno anunció que radicará nuevamente la ratificación de Escazú).

Tiene menos de un mes para montar al partido del Presidente en ese bus. Si no lo logra, pocos le creerán que esta vez sí tiene la voluntad de sacarlo adelante.